La Paz, 20 de abr. El fiscal Marcelo Soza, que lleva adelante la investigación del caso Rózsa sobre presunto terrorismo, debió comunicar a las partes y al juez que controla el proceso antes de proceder a la destrucción de pruebas, afirmó ayer el fiscal general Mario Uribe.“En el caso específico de alguna destrucción de pruebas, definitivamente, lo que se tiene que hacer (refiriéndose al fiscal) es comunicar a las partes, si acaso es necesario, y seguir el trámite correspondiente ante la autoridad jurisdiccional que controla la investigación (juez)”, declaró Uribe a los periodistas en la ciudad de Sucre.
Pruebas. La autoridad también sostuvo que se debe ver el caso en concreto y la justificación de la acción del fiscal u otra instancia. “Es responsabilidad del fiscal que lleva adelante (el caso) preservar los elementos probatorios que servirán para acreditar en el momento oportuno los elementos constitutivos del tipo penal que pueda acusar”, indicó.
Esta situación había sido advertida también por Erick Seifert, abogado de Branko Marinkovic, tras conocerse que el fiscal Soza procedió a la destrucción de explosivos a sugerencia de Bomberos. “El fiscal se olvidó de que tiene el control jurisdiccional, no era él solo, tenía que dar parte al juez cautelar. No bastan las actas”, dijo.
Además, adujo que se debe hacer una selección de las pruebas colectadas, “pero hay errores que invalidan muchas pruebas, por ser ilegalmente obtenidas”, y no pueden ser presentadas durante el proceso o el juicio.
Potestad. Al respecto, el juez Rolando Sarmiento, quien dio un plazo de cinco días al fiscal Soza para que reformule las acusaciones, expresó que la audiencia conclusiva sólo está destinada al análisis de situaciones de forma, para que el proceso llegue a juicio completamente saneado, cumpliendo todas las formalidades que establece el procedimiento.
En el caso de presunto terrorismo están implicadas 39 personas, quienes serían parte del supuesto grupo separatista al mando de Eduardo Rózsa. El magistrado se refirió a los motivos que lo llevaron a devolver los documentos del caso al fiscal Soza, tras haberse dispuesto la realización de una nueva resolución acusatoria.
“El procedimiento penal (Art. 341) establece las formalidades que debe contener la acusación, que refiere que debe hacerse una relación circunstancial de los hechos, con individualización de la participación de los acusados y los elementos de prueba que respalden cada una de las acusaciones, ésas son las formalidades que ha observado mi autoridad”, aclaró el juez.
El fiscal Soza debe hacer una “fundamentación adecuada”, individualizar a los acusados y la prueba respaldatoria que a cada uno corresponda. Así, los abogados sabrán de qué se los acusa y cómo defenderán a sus patrocinados. Los cinco días los concede la ley para estos casos.
La denuncia de los audios
El fiscal general Mario Uribe afirmó que su despacho no recibió material sobre la denuncia del senador Róger Pinto, quien presentó audios de una presunta reunión del fiscal Soza y gente del Gobierno para coordinar tareas de este caso.
La Razon
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