REACCIÓN: El Mandatario se refirió a las críticas por el caso Sanabria.
El presidente Evo Morales denunció ayer, en conferencia de prensa, que Washington pretende estigmatizar al suyo como un “narcogobierno”, aunque no puede exhibir pruebas de sus acusaciones.
“Estados Unidos quiere hacer ver al nuestro como un narcogobierno. Usa ese tema con intereses políticos”, como lo hizo desde que era un dirigente sindical y político opositor al neoliberalismo.
El último argumento, dijo, es la captura del general retirado de la Policía René Sanabria en Panamá, el 24 de febrero, acusado de narcotráfico.
El Presidente aseguró que si Sanabria está vinculado con esa actividad delictiva, “es su problema y tiene que defenderse ante la justicia”, tanto como deben hacer otros 40 de sus camaradas recluidos por ese delito.
IRONÍA. Criticó a la Casa Blanca por designar a Colombia como un país que sostiene una lucha antidrogas ejemplar. Con sarcasmo, dijo que Bolivia sería “el mejor” si aceptara “bases militares y a la DEA; mientras yo sea Presidente, por dignidad y soberanía, la DEA no volverá a Bolivia”.
El Jefe de Estado refirió que si el actual acusado en Estados Unidos fue designado en 2008 Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico fue porque se respetó la prelación y el orden interno de la Policía Boliviana.
DE ACUSADOR A ACUSADO. Además, Evo Morales atacó al senador opositor pandino Róger Pinto, quien le demandó que enjuiciara al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, porque dijo que éste conocía las actividades ilícitas de Sanabria.
Morales le exigió públicamente pruebas de sus afirmaciones. “En otros gobiernos había total protección para los ministros, pero en éste no hay inmunidad para nadie. Si (Pinto) tiene pruebas, que las presente y que él mismo inicie el juicio” que crea pertinente.
Pinto aseguró tener pruebas testimoniales de su denuncia, pero que no llevará adelante el proceso por ser legislador, aunque apuntó que “se puede pasar por alto muchos casos de corrupción que se han visto bajo este Gobierno, pero un caso de narcotráfico es uno de los temas que no se puede obviar”.
En tono irónico, el opositor dijo que sería “injusto que el Presidente procese a los que denuncian y no a los denunciados”, pero aseguró que otro proceso en su contra ya no le asusta.
LLORENTI RESPONDE. Por la tarde, el ministro aludido, Sacha Llorenti, negó haber tenido conocimiento de las actividades delictivas cometidas por el oficial de alta graduación y anunció que instaurará un proceso por el delito de desacato.
“Ésta es una mentira más de la oposición. No podemos hacer política mintiendo. Asimismo, invito al senador Pinto a presentar las pruebas ante un fiscal y que sea esta instancia la que determine, de acuerdo al artículo 162 del Código Penal”, lo que corresponda en derecho.
El mencionado cuerpo legal define que comete ese delito toda persona que, por cualquier medio, calumnie, injurie o difame a un funcionario público en el ejercicio de sus labores o a causa de ellas.
La pena impuesta al transgresor es de un mes a un año, por lo que los sentenciados no son encarcelados, pues pueden beneficiarse con la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial por ser una condena menor a tres años.
Sin embargo, los culpables no pueden ejercer sus derechos políticos el tiempo de la pena.
Fuente: La Prensa (11 de marzo de 2011)
http://www.laprensa.com.bo/noticias/11-3-2011/noticias/11-03-2011_12817.php
No puede existir "acusaciones buenas u oficialistas" que no sean investigadas o procesadas, y "acusaciones malas o de oposición", que son denunciadas, investigadas y procesadas...
ResponderEliminarLa Regla debe funcionar para todos y para cualquiera...
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